Código Penal - DE LAS CONSECUENCIAS ACCESORIAS

 

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LIBRO I

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS DELITOS Y LAS FALTAS, LAS

PERSONAS RESPONSABLES, LAS PENAS, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y

DEMÁS CONSECUENCIAS DE LA INFRACCIÓN PENAL

TÍTULO VI

DE LAS CONSECUENCIAS ACCESORIAS

Artículo 127108


108 Modificado por LO 15/2003. Texto anterior:” Toda pena que se imponga por un delito o falta

dolosos llevará consigo la pérdida de los efectos que de ellos provengan y de los instrumentos con

que se haya ejecutado, así como las ganancias provenientes del delito, cualesquiera que sean las

transformaciones que hubieren podido experimentar. Los unos y las otras serán decomisados, a no

ser que pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable del delito que los haya adquirido

legalmente. Los que se decomisan se venderán, si son de lícito comercio, aplicándose su producto

a cubrir las responsabilidades civiles del penado y, si no lo son, se les dará el destino que se

disponga reglamentariamente y, en su defecto, se inutilizarán.”


1. Toda pena que se imponga por un delito o falta dolosos llevará consigo la

pérdida de los efectos que de ellos provengan y de los bienes, medios o

instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, así como las ganancias

provenientes del delito o falta, cualesquiera que sean las transformaciones que

hubieren podido experimentar. Los unos y las otras serán decomisados, a no ser

que pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable del delito que los haya

adquirido legalmente.

El Juez o Tribunal deberá ampliar el decomiso a los efectos, bienes,

instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el

marco de una organización o grupo criminal o terrorista, o de un delito de

terrorismo. A estos efectos se entenderá que proviene de la actividad delictiva el

patrimonio de todas y cada una de las personas condenadas por delitos

cometidos en el seno de la organización o grupo criminal o terrorista o por un

delito de terrorismo cuyo valor sea desproporcionado con respecto a los ingresos

obtenidos legalmente por cada una de dichas personas109.

2. En los casos en que la ley prevea la imposición de una pena privativa de

libertad superior a un año por la comisión de un delito imprudente, el Juez o

Tribunal podrá acordar la pérdida de los efectos que provengan del mismo y de

los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, así

como las ganancias provenientes del delito, cualquiera que sean las

transformaciones que hubieran podido experimentar.

3. Si por cualquier circunstancia no fuera posible el comiso de los bienes

señalados en los apartados anteriores de este artículo, se acordará el comiso

por un valor equivalente de otros bienes que pertenezcan a los criminalmente

responsables del hecho.

4. El juez o tribunal podrá acordar el comiso previsto en los apartados anteriores

de este artículo aun cuando no se imponga pena a alguna persona por estar

exenta de responsabilidad criminal o por haberse ésta extinguido, en este último

caso, siempre que quede demostrada la situación patrimonial ilícita.

5. Los que se decomisan se venderán, si son de lícito comercio, aplicándose su

producto a cubrir las responsabilidades civiles del penado si la ley no previera

otra cosa, y, si no lo son, se les dará el destino que se disponga

reglamentariamente y, en su defecto, se inutilizarán.


109 Párrafo segundo del apartado 1. y apartado 2. añadidos por LO 5/2010. El apartado 3. –antes

2,- ha sido igualmente modificado (texto anterior: “2. Si por cualquier circunstancia no fuera posible

el comiso de los bienes señalados en el párrafo anterior, se acordará el comiso por un valor

equivalente de otros bienes que pertenezcan a los criminalmente responsables del hecho”). Los

apartados 4. y 5. son los anteriores 3. y 4.



Artículo 128

Cuando los referidos efectos e instrumentos sean de lícito comercio y su valor no

guarde proporción con la naturaleza o gravedad de la infracción penal, o se hayan

satisfecho completamente las responsabilidades civiles, podrá el Juez o Tribunal no

decretar el decomiso, o decretarlo parcialmente.


Artículo 129110

1. En caso de delitos o faltas cometidos en el seno, con la colaboración, a través o

por medio de empresas, organizaciones, grupos o cualquier otra clase de

entidades o agrupaciones de personas que, por carecer de personalidad jurídica,

no estén comprendidas en el artículo 31 bis de este Código, el Juez o Tribunal

podrá imponer motivadamente a dichas empresas, organizaciones, grupos,

entidades o agrupaciones una o varias consecuencias accesorias a la pena que

corresponda al autor del delito, con el contenido previsto en los apartados c) a g)

del artículo 33.7. Podrá también acordar la prohibición definitiva de llevar a cabo

cualquier actividad, aunque sea lícita.

2. Las consecuencias accesorias a las que se refiere en el apartado anterior sólo

podrán aplicarse a las empresas, organizaciones, grupos o entidades o

agrupaciones en él mencionados cuando este Código lo prevea expresamente, o

cuando se trate de alguno de los delitos o faltas por los que el mismo permite exigir

responsabilidad penal a las personas jurídicas.

3. La clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensión de las

actividades sociales y la intervención judicial podrán ser acordadas también por el

Juez Instructor como medida cautelar durante la instrucción de la causa a los

efectos establecidos en este artículo y con los límites señalados en el artículo 33.7.


110 Modificado por LO 5/2010. Texto anterior: “1. El juez o tribunal, en los supuestos previstos en

este Código, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 31 del mismo, previa audiencia del

ministerio fiscal y de los titulares o de sus representantes legales, podrá imponer, motivadamente,

las siguientes consecuencias:

a) Clausura de la empresa, sus locales o establecimientos, con carácter temporal o definitivo. La

clausura temporal no podrá exceder de cinco años.

b) Disolución de la sociedad, asociación o fundación.

c) Suspensión de las actividades de la sociedad, empresa, fundación o asociación por un plazo

que no podrá exceder de cinco años.

d) Prohibición de realizar en el futuro actividades, operaciones mercantiles o negocios de la clase

de aquellos en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición

podrá tener carácter temporal o definitivo. Si tuviere carácter temporal, el plazo de prohibición no

podrá exceder de cinco años.

e) La intervención de la empresa para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los

acreedores por el tiempo necesario y sin que exceda de un plazo máximo de cinco años.

2. La clausura temporal prevista en el subapartado a) y la suspensión señalada en el subapartado c)

del apartado anterior, podrán ser acordadas por el Juez Instructor también durante la tramitación de la

causa.

3. Las consecuencias accesorias previstas en este artículo estarán orientadas a prevenir la

continuidad en la actividad delictiva y los efectos de la misma”.

Previamente, la LO 15/2003 había reformado el apartado 1; texto original: “1. El Juez o Tribunal,

en los supuestos previstos en este Código, y previa audiencia de los titulares o de sus

representantes legales, podrá imponer, motivadamente, las siguientes consecuencias:

a) Clausura de la empresa, sus locales o establecimientos, con carácter temporal o definitivo. La

clausura temporal no podrá exceder de cinco años.

b) Disolución de la sociedad, asociación o fundación.

c) Suspensión de las actividades de la sociedad, empresa, fundación o asociación por un plazo

que no podrá exceder de cinco años.

d) Prohibición de realizar en el futuro actividades, operaciones mercantiles o negocios de la clase

de aquéllos en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición

podrá tener carácter temporal o definitivo. Si tuviere carácter temporal, el plazo de prohibición no

podrá exceder de cinco años.

e) La intervención de la empresa para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los

acreedores por el tiempo necesario y sin que exceda de un plazo máximo de cinco años.”


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