Código Penal - De Las Personas Criminalmente Responsables De Los Delitos Y Faltas

 

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LIBRO I

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS DELITOS Y LAS FALTAS, LAS

PERSONAS RESPONSABLES, LAS PENAS, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y

DEMÁS CONSECUENCIAS DE LA INFRACCIÓN PENAL

TÍTULO II

DE LAS PERSONAS CRIMINALMENTE RESPONSABLES

DE LOS DELITOS Y FALTAS

Artículo 27

Son responsables criminalmente de los delitos y faltas los autores y los

cómplices.

Artículo 28

Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio

de otro del que se sirven como instrumento.

También serán considerados autores:

a) Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo.

b) Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado.

Artículo 29

Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior,

cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos.

Artículo 30

1. En los delitos y faltas que se cometan utilizando medios o soportes de difusión

mecánicos no responderán criminalmente ni los cómplices ni quienes los

hubieren favorecido personal o realmente.

2. Los autores a los que se refiere el artículo 28 responderán de forma

escalonada, excluyente y subsidiaria de acuerdo con el siguiente orden:

1º. Los que realmente hayan redactado el texto o producido el signo de que se

trate, y quienes les hayan inducido a realizarlo.

2º. Los directores de la publicación o programa en que se difunda.

3º. Los directores de la empresa editora, emisora o difusora.

4º. Los directores de la empresa grabadora, reproductora o impresora.

3. Cuando por cualquier motivo distinto de la extinción de la responsabilidad

penal, incluso la declaración de rebeldía o la residencia fuera de España, no

pueda perseguirse a ninguna de las personas comprendidas en alguno de los

números del apartado anterior, se dirigirá el procedimiento contra las

mencionadas en el número inmediatamente posterior.

Artículo 318-9

1. El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona

jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá

personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o

relaciones que la correspondiente figura de delito o falta requiera para poder ser

sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona

en cuyo nombre o representación obre.

2. (sin contenido)

Artículo 31 bis10

1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán

penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de

las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y los

administradores de hecho o de derecho.

En los mismos supuestos, las personas jurídicas serán también penalmente

responsables de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y

por cuenta y en provecho de las mismas, por quienes, estando sometidos a la

autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido

realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control

atendidas las concretas circunstancias del caso.

2. La responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible siempre que

se constate la comisión de un delito que haya tenido que cometerse por quien

ostente los cargos o funciones aludidas en el apartado anterior, aun cuando la

concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sido

posible dirigir el procedimiento contra ella. Cuando como consecuencia de los

mismos hechos se impusiere a ambas la pena de multa, los Jueces o Tribunales

modularán las respectivas cuantías, de modo que la suma resultante no sea

desproporcionada en relación con la gravedad de aquéllos.

3. La concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los

hechos o en las que los hubiesen hecho posibles por no haber ejercido el debido

control, de circunstancias que afecten a la culpabilidad del acusado o agraven su

responsabilidad, o el hecho de que dichas personas hayan fallecido o se

hubieren sustraído a la acción de la justicia, no excluirá ni modificará la

responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin perjuicio de lo que se

dispone en el apartado siguiente.

4. Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad

penal de las personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión

del delito y a través de sus representantes legales, las siguientes actividades:

a) Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige

contra ella, a confesar la infracción a las autoridades.


8 Numeración y apartado 2. añadidos por LO 15/2003.

9 Modificado por LO 5/2010; se ha suprimido el apartado 2. y renumerado el precepto. Texto

anterior: “2. En estos supuestos, si se impusiere en sentencia una pena de multa al autor del delito,

será responsable del pago de la misma de manera directa y solidaria la persona jurídica en cuyo

nombre o por cuya cuenta actuó.”

10 Añadido por LO 5/2010


b) Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en

cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer

las responsabilidades penales dimanantes de los hechos.

c) Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad

al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito.

d) Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para

prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los

medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.

5. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas

jurídicas no serán aplicables al Estado, a las Administraciones Públicas

territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y

Entidades Públicas Empresariales, a los partidos políticos y sindicatos, a las

organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que

ejerzan potestades públicas de soberanía, administrativas o cuando se trate de

Sociedades mercantiles Estatales o ejecuten políticas públicas o presten

servicios de interés económico general.

En estos supuestos, los órganos jurisdiccionales podrán efectuar declaración de

responsabilidad penal en el caso de que aprecien que se trata de una forma

jurídica creada por sus promotores, fundadores, administradores o

representantes con el propósito de eludir una eventual responsabilidad penal.

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